El reciente fallo de la Corte Suprema que interpreta los deberes fiduciarios de los directores de Fasa reviste particular relevancia como precedente para el funcionamiento de las sociedades anónimas en Chile. Dicho fallo acoge la tesis de la SVS en cuanto la ley consagra no sólo el derecho de los directores  a  ser  informados  de  la  marcha  social, sino que, además, su obligación de pedirla. De esta forma, el fallo reconoce un “derecho-deber”, por cuanto no  se  trata  de  una  prerrogativa  que  mira  en  exclusivo interés  de  su  titular,  sino  que  involucra  también  el interés social. La SVS imputó a los directores la  comisión  de -omisiones- reprochables, lo que supone la existencia de un  -deber  específico  de actuar- que resultó incumplido por ellos. Todo “deber” necesariamente, debe tener una fuente específica para engendrar la responsabilidad. Es decir, para que una persona esté obligada a no hacer algo debe necesariamente existir una norma que así lo ordene. ¿Cuál es entonces la  fuente  de  un  deber  de  actuar para los directores, que  torne, jurídicamente, una no-actividad en algo antijurídico? Tal fuente sólo puede ser la ley. En la especie, el contenido  de  este  deber  está  dado  por  el  estándar  general  de  culpa  leve definido  en el  Código  Civil y  consiste  en  la determinación  del  riesgo  permitido. Un estándar de culpa leve, esto es, el actuar de un buen padre de familia o de un ordenado comerciante, se  caracteriza  por  estar  descrito  de  modo  abstracto y sólo adquiere  contenido  real y concreto  a  la  luz  de  las  circunstancias  a  las  que  se  aplica. Son entones estas circunstancias las que exigen del director requerir mayor información que la que le proporciona ordinariamente la administración de la compañía. Por  tanto,  toda  afirmación  de  que  una  determinada  omisión  ha  infringido un deber de cuidado está sujeta a determinar, en concreto, qué nivel de cuidado  corresponde  a  la  diligencia  que  “los  hombres  emplean  ordinariamente en sus negocios propios”. La respuesta a la pregunta de cuándo se entiende que un director se ha mantenido debidamente informado, debiera ser la misma regla que establece el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, cuando se haya informado del  mismo  modo  en  que  lo  habría  hecho  un  hombre  medio  en  la  administración ordinaria de sus propios negocios. Es por ello que corresponde  al  ámbito  de discrecionalidad  del  director  determinar  el  tipo  de  información  que  necesita para  adoptar  una  decisión;  y  no  es  su  tarea  crear  esa  información,  pudiendo para ello confiar de buena fe en la que le suministra la administración de la compañía o por profesionales independientes. De esta manera, no puede exigirse a los directores ser gendarmes de la administración ni convertirse en detectives de actividades fraudulentas que puedan ocurrir al interior de la sociedad; las cuales, por su propia naturaleza, están destinadas a ser clandestinas no solo para los directores, sino incluso para la propia autoridad fiscalizadora. El  deber  de  investigar  que se exige a los directores, está  también íntimamente vinculado al  deber  de cuidado establecido por el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas. De este modo, mientras una  sociedad  funcione  en  regla,  esto  es,  con  ejecutivos ostensiblemente  idóneos,  con  auditorías  externas  limpias,  sin  irregularidades relevantes  detectadas  por  los  organismos  internos  de  control,  y,  en  general,  sin señales  de  alerta  relevantes,  los  directores  tienen  derecho  a  confiar  que  la información  que  reciben  es  un  adecuado  reflejo  de  la  realidad. No puede entonces exigirse a los directores una conducta extravagante, cuando las circunstancias en que toman sus decisiones no indican ninguna “señal de alerta” que para un hombre medio pueda conducir a desconfiar de la información que les suministra la administración. Exigir un estándar distinto, como lo señala el voto de minoría del fallo comentado, puede terminar por imponer  a  los  directores una  responsabilidad  objetiva  y  con  un curso  causal  que  lo  desvincula  de  la  culpa  subjetiva impuesta por los artículos 39 y 41 de la Ley Nº 18.046. Más grave aún, ello  conlleva  el  riesgo  de  hacer  surgir  en  el ejercicio  de  las  funciones  colegiadas  de  administración, una  presunción de  responsabilidad  por  culpa  levísima, lo que terminaría por agravar, por la vía judicial, el estándar de diligencia y cuidado que impone la ley para los directores.