Así, el soborno ya no requerirá para consumarse la intervención de un funcionario público, sino que puede darse en el marco de relaciones comerciales horizontales entre funcionarios de distintas empresas”, complementa Cristián de Feudis, de Contreras Velozo Abogados.

Según el experto, una vez que entre en vigencia la ley es recomendable que las empresas y personas jurídicas, obligadas por la Ley N° 20.393, “puedan actualizar su modelos de prevención de delitos (MPD) y sistemas de prevención de riesgos legales, a fin de establecer procedimientos efectivos para detectar y perseguir este tipo de conductas, junto a planes de difusión y capacitación para sus funcionarios y ejecutivos”. Leer más aquí