Grupo de Arbitraje de Contreras Velozo organiza charla sobre “Peritajes en Arbitrajes de Construcción e Infraestructura”

Con el patrocinio de Santiago Very Young Arbitration Practitioners (SVYAP), los ingenieros de Contract Administration Associates (CAA) y el estudio de abogados Contreras Velozo realizaron recientemente una charla titulada “Peritajes en Arbitrajes de Construcción e Infraestructura”, iniciativa que tuvo entre sus expositores a Enrique Abiega y Viktor Warkentin (CAA), Adrián Pagani (Abacus Project Professionals) y Elina Mereminskaya (Wagemann).

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Regulación y Buenas Intenciones

Oscar Contreras Pomés
Abogado Contreras Velozo

 

Basta recordar la tramitación de la ley de estacionamientos en 2016 para darse cuenta de que no siempre las buenas intenciones son sinónimo de efectivas regulaciones. Dicha ley se tradujo en un alza sostenida en los precios de los estacionamientos en claro desmedro de los consumidores. Algo similar puede terminar ocurriendo con la forma que se ha tratado la tramitación de la conocida “Ley de Fármacos II” (Boletín 9914-11).

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Regulación y buenas intenciones – Diario Financiero

Por Oscar Contreras Pomés

Abogado Contreras Velozo

Como la ley de estacionamientos en 2016 – que se tradujo en un alza sostenida en los precios de los estacionamientos en claro desmedro de los consumidores-  la conocida “Ley de Fármacos II” (Boletín 9914-11) deja en evidencia las “buenas intenciones” del legislador de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. 

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Dilaciones indebidas y derechos fundamentales

Resulta frecuente para los órganos administrativos hacer vista gorda de los plazos legales establecidos para dar respuesta a las  actuaciones de los particulares., actuación que ha sido potenciada por el adagio “No existen plazos fatales para la administración”,

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Redes sociales y libertad de expresión

Redes sociales y libertad de expresión

por Óscar Contreras Pomés

 

En las últimas semanas hemos sido testigos de un par de ocasiones en que las autoridades, en distintos países del mundo, han tratado, por la vía del control jurisdiccional, de bloquear ciertas redes sociales con el objeto de lograr los objetivos del gobierno de turno. Estos objetivos incluyen el control político de la población, como ocurrió en el intento de golpe de Estado en Turquía, donde lo primero que hicieron las autoridades fue bloquear Twitter, Facebook y YouTube, buscando evitar la organización de potenciales nuevos rebeldes y argumentando que debía primar ante todo “la seguridad nacional y el orden público” Algo similar ha ocurrido en China, donde populares redes sociales como Twitter o Facebook se encuentran bloqueadas para el acceso de los ciudadanos. Y encontramos ejemplos aun más cercanos a nosotros, como Brasil, donde la semana recién pasada un juez federal bloqueó WhatsApp, dada la oposición de esta compañía a colaborar con la justicia para la interceptación de mensajes en el marco de una investigación criminal. Este es el tercer fallo en contra de WhatsApp sólo en lo que va de 2016 en Brasil. En uno de los bloqueos que afectaron a ese país en diciembre de 2015, se terminó incluso afectando a usuarios de esta red social residentes en Chile. Todas estas órdenes han sido posteriormente revocadas por los jueces de instancias superiores en Brasil, pero nos llevan a cuestionar hasta qué punto los servicios de comunicación electrónica para usuarios ciudadanos deben estar al servicio del poder político sin que esto signifique una afectación grave a la libertad de expresión ¿Podría ocurrir algo así en Chile? Afortunadamente en esta materia, nuestro país se encuentra a la delantera a nivel global: Chile fue el primer país del orbe en publicar una ley sobre neutralidad de la red (Ley 20453) que establece expresamente una prohibición a los ISP de bloqueo, discriminación o restricción de acceso arbitraria a las actividades de los usuarios en internet, entre otras garantías explícitas que permiten un libre acceso por parte de los usuarios a la red. Del mismo modo, nuestra constitución protege de manera expresa la libertad de expresión (19 nº 12) Aunque no existen precedentes de censuras masivas de redes sociales en Chile, sí preocupa el rumbo que está tomando el mundo en esta materia. Chile está llamado a ser un actor relevante en la defensa de la libertad de expresión, debiendo promover que legislaciones sobre asuntos como la neutralidad de la red formen parte de tratados internacionales en la materia. Como dice un viejo adagio político, la información es poder. En una democracia moderna como la nuestra, es el ciudadano el que debe estar empoderado.

*Este artículo fue publicado en la columna de opinión del diario La Segunda en la edición del 27 de julio de 2016. Para verlo, sigue este enlace.

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