A poco más de un mes para la entrada en vigencia de la Ley 20.886 que Establece La Tramitación Digital De Los Procedimientos Digitales, consideramos necesario referirnos a los principales cambios que introducirá a nuestro sistema judicial y a las funciones de quienes intervienen en el mismo.

El ámbito de aplicación de la nueva Ley, será para todas las causas de que conozcan las Cortes (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Presidentes y Ministros de Corte), los tribunales con competencia en lo penal (juzgados de garantía y tribunales orales), los juzgados de letras, tribunales de familia y tribunales con competencia en materia laboral (Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados de Cobranza Laboral), dejando fuera únicamente a los tribunales militares en tiempo de paz.

Son seis los principios rectores que informan esta ley y que tienen su expresión en las distintas modificaciones efectuadas respecto de las formalidades del procedimiento, que por esta ley se incorporan, con el fin de hacer más expedita la tramitación y proveer a los intervinientes de más fácil acceso e inmediación al contenido de los actos procesales.

1.- Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico: Se expresa en que los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.

2.- Principio de fidelidad: Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.

3.- Principio de publicidad: Los actos de los tribunales son públicos y en consecuencia todos ellos se digitalizan y son accesibles al público a través del sitio web del poder judicial una vez notificados. Las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva, serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas. La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

4.- Principio de buena fe: Establece la obligación de actuar de buena fe para las partes. El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.

5.- Principio de actualización de los sistemas informáticos: Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas.

6.- Principio de cooperación: Los auxiliares de la administración de justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos, con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos. Para ello, las instituciones públicas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación.

Esta reforma contempla varios cambios que tendrán gran incidencia en la actuación de jueces, abogados y receptores. Los principales cambios para estos sujetos procesales que contempla la reforma son los siguientes:

RESPECTO DE LOS JUECES

Se acaba el expediente físico, todas las resoluciones deben llevar firma electrónica avanzada del juez. Se elimina la necesidad de que el secretario autorice las resoluciones judiciales y en cambio estas contarán con un “sello de autenticidad digital”. Los Exhortos Nacionales se tramitarán de oficio (se elimina papeleta) y por vía electrónica. Se creará un sistema al efecto y en su falta se usará correo electrónico. Lo mismo ocurre para los Oficios Nacionales, se utilizará correo electrónico (aunque esto queda a prudencia del Tribunal). Deberá confeccionarse diariamente un estado diario electrónico, que es el único válido. Se eliminan los “libros” que debe llevar el secretario, todo será traspasado a formato electrónico. Se faculta al secretario para dictar por sí solo: “sentencias interlocutorias, autos y decretos, providencias y proveídos, salvo cuando ello no importe poner término al juicio o hacer imposible su continuación”. Las reposiciones deberá fallarlas el juez.

RESPECTO DE LOS ABOGADOS

Se establece que todos los escritos, incluida la demanda se entregarán por vía electrónica. Se dispuso la creación de una “Oficina Judicial Virtual” por el Auto Acordado 37-2016 de fecha 15 de Abril de 2016, que dispone las siguientes medidas:

  1. Acceso a abogados con Clave Única.
  2. No se requiere “firma manuscrita”, basta con la clave que hace las veces de “firma electrónica simple”.
  3. Patrocinio y poder electrónico. Se requiere de firma electrónica avanzada del abogado y la parte debe ir a suscribir dentro de 3 días al tribunal (aunque también puede firmar electrónicamente).

Todos los “documentos” deberán entregarse electrónicamente, en caso de “pesar mucho” se debe entregar un pendrive al Tribunal para que lo agregue a la carpeta electrónica. Sólo deben acompañarse “físicamente” los títulos ejecutivos y los documentos “cuyo formato original” no sea electrónico. Para los efectos de las notificaciones, puede señalarse un correo electrónico como medio alternativo y que reemplazará a la cédula.

Respecto de la tramitación del recurso de apelación, también se establecen cambios relevantes, como por ejemplo, se deroga la necesidad de hacerse parte dentro de 5° día tanto para el apelante como para el apelado. Se deroga asimismo, la institución de la prescripción de la apelación y el pago de compulsas. El tribunal A Quo enviará por vía electrónica la apelación al tribunal Ad Quem, que certificará su recepción por vía electrónica. Desde esta certificación, las partes tienen 5 días para pedir alegatos y/o adherirse a la apelación. Se establece asimismo el plazo de 5 días desde la resolución que deniega la apelación, para interponer el recurso de hecho. El pago de los derechos por solicitudes de suspensión y recusación puede efectuarse vía electrónica, sin embargo, nada se dice respecto del uso de estampillas, por lo que continuar su utilización es algo que quedará probablemente entregado al criterio del tribunal hasta que no se regule específicamente esta materia. Respecto de otras formalidades del procedimiento, se deroga como diligencia probatoria la audiencia de percepción documental electrónica; a través de la nueva Oficina Judicial Virtual se establecen nuevos ítems para efectuar la búsqueda de causas, como por ejemplo el rut de empresas. Asimismo, se elimina necesidad de solicitar copias autorizadas, ya que es posible imprimirlas directamente de la página web del poder judicial. Finalmente, los pagos de consignaciones se realizarán por vía electrónica, siendo para ello necesario contar con una cuenta en Banco Estado o imprimir el respectivo cupón de pago para realizar el trámite de manera presencial.

RESPECTO DE LOS RECEPTORES

Se establece la necesidad de contar con una aplicación de “georeferenciación” en su teléfono celular. Si al momento de la notificación no hay acceso a red, se requiere que tomen fotografías que den cuenta que “efectivamente” estuvieron en el lugar en que dicen haber notificado y no será posible solicitar que “se nos deje notificados” o que se dejen “citados los testigos”. La Ley contempla una entrada en vigencia diferida, que principia el 18 de junio de 2016 respecto de todos los tribunales correspondientes a las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillan, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas. Para los restantes territorios jurisdiccionales, incluyendo las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, la entrada en vigencia de la Ley comenzará el 18 de diciembre de 2016 y se aplicará solamente para las causas iniciadas a partir de esta fecha. Con la dictación del Auto Acordado sobre tramitación electrónica, la Corte Suprema ha buscado garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, lo que nos parece una loable iniciativa que esperamos tenga una transición exenta de dificultades en su aplicación para todos los intervinientes en el proceso. Si quieres conocer el texto completo del Auto Acordado, pincha aquí y para conocer el texto completo de la Ley pincha acá.