Oscar Contreras Pomés
Abogado Contreras Velozo
Basta recordar la tramitación de la ley de estacionamientos en 2016 para darse cuenta de que no siempre las buenas intenciones son sinónimo de efectivas regulaciones. Dicha ley se tradujo en un alza sostenida en los precios de los estacionamientos en claro desmedro de los consumidores. Algo similar puede terminar ocurriendo con la forma que se ha tratado la tramitación de la conocida “Ley de Fármacos II” (Boletín 9914-11).
Dicho proyecto deja en evidencia las “buenas intenciones” del legislador de regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, tal como señala su título. Con todo, preocupa que la regulación excesiva de la actividad farmacéutica pueda aparejar más costos que beneficios. Un ejemplo de ello ocurre en la forma que se regula en el proyecto la necesidad de certificación de dispositivos de uso médico en el plazo de 12 meses. Ello claramente redundará en un incremento del precio de dichos insumos y un posible desabastecimiento de los mismos, dado el breve plazo otorgado para certificar a toda una industria.
Este ánimo de regular, de forma académica, ya ha pasado la cuenta a la población por el desabastecimiento de fármacos que se ha generado fruto de la aplicación de las políticas de bioequivalencia desde la década pasada. En efecto, al exigirse estudios sobre medicamentos de larga data -por ejemplo, la Imipramina antidepresivo que data de los ’60- se produjo un encarecimiento para los laboratorios que producían los mismos en sus versiones genéricas, los que simplemente dejaron de fabricarlos. Así las cosas, ocurre que, en la actualidad, los medicamentos de marca han visto aumentar sostenidamente sus precios, en desmedro del acceso a medicamentos genéricos que solían ser más baratos. Hubiera resultado deseable que la Autoridad otorgara una cierta flexibilidad normativa en cuanto a permitir que ciertos medicamentos -ya probados por años y provenientes de jurisdicciones de alta fármaco vigilancia- se eximieran de la presentación de estudios adicionales. Sin embargo, la actitud ha sido la inversa, y hemos sido testigos de sendos sumarios sanitarios -con multas de hasta 1.000 UTM y solicitudes de cancelaciones de registros sanitarios- para los laboratorios que no han podido adecuarse a la norma.
Se extraña entonces un rediseño práctico de la forma de implementar las regulaciones, que, si bien son necesarias, requieren más que un estudio meramente teórico un aterrizaje a la realidad del mercado farmacéutico y a las necesidades de sus consumidores. De lo contrario, corremos el riesgo de aprobar regulaciones que hagan más mal que bien a consumidores y empresas.